Revista Semana
Una italiana se quitó la vida en septiembre, tras un año de batalla legal por eliminar de internet un video suyo de contenido sexual difundido sin su consentimiento. Agobiada por el matoneo que sufrió en redes sociales cuando el video se hizo viral, demandó a Google, Facebook y otras empresas, para exigirles el llamado ‘derecho al olvido’. Y aunque logró un fallo favorable, el daño psicológico ya era irreparable. La joven se suicidó.
Una italiana se quitó la vida en septiembre, tras un año de batalla legal por eliminar de internet un video suyo de contenido sexual difundido sin su consentimiento. Agobiada por el matoneo que sufrió en redes sociales cuando el video se hizo viral, demandó a Google, Facebook y otras empresas, para exigirles el llamado ‘derecho al olvido’. Y aunque logró un fallo favorable, el daño psicológico ya era irreparable. La joven se suicidó.
El caso avivó la hoguera de un debate internacional sobre el
equilibrio entre la libertad de información y la privacidad. ¿Puede alguien
exigir borrar las referencias hechas por otros en una página web o en una red
social, cuando estas le resultan molestas? Juristas con varias aproximaciones
han terciado en este debate, que ya tocó suelo colombiano. Hace un par de años,
una mujer demandó a El Tiempo porque en su sistema de búsqueda ella aparecía
mencionada en una investigación por trata de personas en la que no fue
encontrada culpable. Era una noticia de hace diez años, un caso ya cerrado y
una ciudadana declarada inocente.
Pero, al mismo tiempo, era una noticia verdadera: ella había
sido investigada y eso era todo lo que decía en su momento la nota
periodística. El caso llegó hasta la Corte Constitucional, que emitió un fallo
en favor de la libertad de información y determinó que no es aplicable en
Colombia el llamado ‘derecho al olvido’ como se entiende en Europa. Pero exigió
al diario actualizar la información, y adoptar medidas para que los motores de
búsqueda no indexen las referencias a la demandante, es decir, que no aparezcan
en Google.
¿Pero qué pasa cuando quien solicita ser borrado de internet
no es un inocente, sino un perpetrador de crímenes de lesa humanidad, un
violador de menores o un político corrupto, por ejemplo? “Nos preocupa que se
convierta en un mecanismo para facilitar que personajes de relevancia pública
ahoguen las críticas en su contra”, dice Pedro Vaca, director de la Fundación
para la Libertad de Prensa. Algunos van más allá. “Ni siquiera es un derecho”,
afirma Amalia Toledo, de la Fundación Karisma, una organización dedicada a
defender las libertades en internet. Según la jurista, “en consideración al
derecho a la verdad, que sí es un derecho, en los casos donde estén
involucrados crímenes de lesa humanidad o figuras públicas no puede pensarse en
remover contenidos ni derecho al olvido”.
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes, Catalina Botero, es enfática en defender la libertad en internet. “A un
político le puede parecer mal que circule información negativa sobre su pasado,
pero que le moleste no significa que tenga derecho a que sea borrada”, afirma.
Para ella, la sociedad tiene derecho a la memoria y a la información y la
amenaza que se cerniría sobre internet, de prosperar el ‘derecho al olvido’ en
el mundo, es muy grave, puesto que la web democratizó la información.
Para el abogado Lorenzo Villegas, especialista en derecho
digital, cualquier intento de introducir en el país el ‘derecho al olvido’
vulnera el artículo 20 de la Carta sobre libertad de expresión. “Adicionalmente,
la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace prevalecer la libertad de
expresión y el informe de 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la OEA ratificó la prevalencia de este derecho en entornos
digitales”, explica.
Durante décadas, jueces en el mundo desestimaron solicitudes
de este tipo, hasta que se presentó un caso en España, donde un ciudadano pidió
a Google retirar de sus búsquedas un edicto publicado en un diario diez años
atrás, en el que él figuraba como deudor moroso de la seguridad social. El caso
llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual emitió un fallo
histórico: hizo a Google responsable de la información y lo obligó a eliminar
de su buscador las referencias a este ciudadano. España es hoy el único país en
donde Google está obligado a suprimir datos.
El gigante de las búsquedas en internet está en el ojo del
huracán. En su informe de transparencia están registradas más de 1.500.000
solicitudes para eliminar direcciones web, gran parte de ellas de empresarios
fraudulentos y políticos corruptos. Voceros oficiales de Google explicaron que
para la compañía, el ‘derecho al olvido’ no existe legalmente en ningún país
del mundo y observan con preocupación el auge de esos argumentos, pues consideran
que constituyen una amenaza para los derechos a la verdad y a la memoria.
Estiman que se está confundiendo el derecho al buen nombre y la reputación,
para el cual existen mecanismos judiciales en el mundo, con el derecho a la
protección de datos, creado para otros fines.
En Colombia existe una ley de protección de datos y, justo
por estos días, un proyecto para modificar modificarla, promovido por el
senador Jaime Amín, fue erróneamente vinculado con la promoción del ‘derecho al
olvido’. El propio Amín tuvo que aclarar que ese término ni siquiera está
mencionado en su proyecto, orientado a ampliar las competencias de la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre empresas con sede en el exterior
que capturan datos de los colombianos, un tema relacionado con la protección de
datos pero no con el ‘derecho al olvido’.
Mercado de la limpieza.
El interés de borrar noticias negativas ha dado pie a un
naciente mercado de servicios de ‘limpieza’ de información. En España nació con
Eliminalia, y en Colombia fue inaugurado Cleanups, del reconocido abogado
Abelardo de la Espriella, quien promete a sus clientes eliminar la mala
publicidad de su nombre, marca o empresa en internet. Para ello ofrece una
combinación de acciones legales contra los medios o sitios web en donde
aparezcan referencias del cliente, y técnicas de optimización del
posicionamiento en los buscadores (conocidas como SEO) para ubicar información
positiva por encima de la negativa. Cleanups cobra 30.000 dólares por el
servicio y reporta 100 clientes a la fecha, entre los que habría personajes de
la farándula, empresarios, políticos y servidores públicos, según ha señalado
el propio De la Espriella. Para él, “todas las personas, independientemente del
delito que hayan cometido, si ya saldaron sus cuentas con la justicia, tienen
derecho al olvido...En Colombia nuestra Constitución prohíbe la aplicación de
penas perpetuas”.
En un foro internacional sobre el tema realizado la semana
pasada, en el bufete Moncada Abogados en Bogotá, el jurista argentino Oscar
Puccinelli se preguntaba si un perfil negativo debe perseguir a alguien por el
resto de su vida. Afirmó que debe prevalecer la dignidad humana sobre la
libertad de información y que “las personas tienen derecho a que sus datos sean
borrados cuando ya no son necesarios para objetos específicos”. La mayoría de
los casos citados por los defensores del ‘derecho al olvido’ se refieren a
actores y deportistas que han sufrido la intromisión indebida de la prensa en
su vida íntima.
Los expertos consultados coinciden en un punto: suprimir la
información debe ser la última opción a considerar. Catalina Botero recomienda
“adoptar el remedio menos costoso para la libertad de expresión”. Y con ello se
refiere a alternativas como la anonimización, el cambio de algoritmos para la
búsqueda de un dato, entre otros, antes que eliminar la información en los
servidores de internet. Botero es enfática en indicar que cuando una persona
reclame el ‘derecho al olvido’, primero tiene que probar que lo publicado le
afecta un derecho específico y no solo que le molesta esa información. Y en
segundo lugar, debe demostrar que esa afectación es ilegítima.
En el estado de California, un sindicato de actores logró que
la popular base de datos de cine IMDb retire la verdadera edad de los actores
que así lo soliciten. Y numerosos cirujanos plásticos involucrados en casos de
procedimientos defectuosos han acudido al ‘derecho al olvido’ para eliminar las
noticias sobre tales hechos. En Colombia se presentaron tres peticiones contra medios
de comunicación en los últimos dos meses y una tendencia creciente a posicionar
el tema ha tomado auge. El debate apenas comienza
